Su fin es mejorar el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas que se utilizan en los procesos penales, simplificando la cooperación entre estados para contribuir con la lucha contra el cibercrimen.
Abordará en dos capítulos aquellas cuestiones referidas a la alfabetización y a las prácticas prohibidas de la IA, como el uso indiscriminado de reconocimiento facial y biometría en espacios públicos, la manipulación cognitiva/conductual, explotación de vulnerabilidades y la puntuación social, entre otros aspectos.